A la exvicepresidenta colombiana la investigan en Italia, al lado del exministro de ese país Massimo D’Alema, por supuestamente concertar, a través de Édgar Ignacio Fierro Flóres, alias “Don Antonio”, la compra de submarinos y aviones con una coima de 80 millones de euros. “Don Antonio” fue uno de los jefes más sanguinarios de “Jorge 40” en el Atlántico. Los audios revelan su voz y su estrategia.
Por: Edinson Bolaños y Enrique Gamboa
Investigadores Revista RAYA
Édgar Ignacio Fierro Flóres, alias “Don Antonio”, es el nombre del colombiano que habló con el exprimer ministro italiano, Massimo D’Alema, a finales de 2021, con el fin de concretar un multimillonario negocio que consistía en la compra, desde Colombia, de cuatro corbetas y dos submarinos Trachinus, producidos por la estatal italiana Fincantieri, y de 24 aviones Leonardo M346, también de propiedad del gobierno italiano. Según las autoridades judiciales del país europeo, la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez debería haber recibido unos 40 millones de euros de los 80 que acordaron las partes por el éxito de un negocio, gubernamental, que ascendía a los 4.000 millones de euros.
El exjefe paramilitar se presentó como un capitán retirado del Ejército, mismo cargo que ostentó hasta cuando fue retirado del servicio en agosto de 2002, porque aun estando activo en las Fuerzas del Estado era colaborador de los paramilitares de “Jorge 40”. Luego, cuando salió del Ejército, cambió de brazalete, se puso pasamontañas y desató su furia criminal contra civiles del Caribe colombiano. Es él, alias “Don Antonio”, quien en varios audios revelados por medios italianos le confirma a D’Alema que no debía temer por las elecciones presidenciales que se aproximaban en Colombia en 2022: “el tema político no es tan importante por lo que ya le dije: las personas que tenemos en nuestro equipo se quedan en los cargos importantes que pueden ayudar a decidir una contratación, una compra”. Incluso, alias “Don Antonio” aseguró que un general de la República estaba dentro del equipo y que podía ayudar a acelerar el proceso de compra.
El negocio corrupto, como ha sido costumbre en las altas esferas del poder en Colombia, iba a estar perfumado de legalidad a través de firmas de abogados. Esto se explica en lo que le respondió a alias “Don Antonio” el primer ministro D’Alema: «Es muy importante que la parte colombiana esté representada por una firma de abogados. Por dos motivos: en primer lugar, el contrato entre Robert Allen (abogado de Miami) y el lateral colombiano estará sujeto al control de las autoridades estadounidenses. La ley estadounidense protege la actividad legal, la relación entre el abogado y su cliente con secreto. Si por el contrario es un contrato comercial, no hay secreto (…) Es muy importante que ese contrato se haga con una entidad colombiana que sea transparente y aceptable para las autoridades estadounidenses”.
Las llamadas interceptadas por autoridades italianas permiten escuchar que el negocio, planeado entre finales de 2018 y principios de 2021, iba en serio. Prueba de ello son los otros acompañantes de alias “Don Antonio”: el capitán de corbeta Francisco Joya Prieto, quien se graduó de la Escuela Superior de Guerra de la especialidad en Seguridad y Defensa Nacional precisamente con una tesis que proponía un “plan para reemplazar la obsolescencia del material de la Armada Nacional”. El otro es Germán Monroy Ramírez, un abogado de la Universidad Sergio Arboleda, quien de igual forma que Joya Prieto se presentó como delegado de la comisión del Senado de Colombia. Alias “Don Antonio”, por su parte, se presentó como el jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia.
El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al hecho, que se conoció esta semana, y pidió una investigación en Colombia por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa: “80 millones de euros en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza, solicito a la fiscalía iniciarla en Colombia”. Enseguida, la exvicepresidenta Ramírez contestó: “Como vicepresidenta y canciller del anterior gobierno no tuve funciones de compra de equipo militar”.
¿Quién es alias “Don Antonio”?
Edgar Ignacio Fierro Flórez, señalado como socio de Martha Lucía Ramírez en el negocio de compra de armamento entre Colombia e Italia, es un excapitán del Ejército Nacional que estudió ciencias militares y de armas en la Escuela Militar de Cadetes y en la Escuela de las armas y Servicio del Ejército Nacional de Colombia, institución en la que alcanzó el grado de Capitán. También estuvo vinculado a la Armada Nacional, donde obtuvo el rango de subteniente.
En su paso por las Fuerzas Militares alias “Don Antonio” estuvo adscrito a la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, al Batallón de Artillería de Defensa Aérea “Nueva Granada” en Barrancabermeja, al Batallón de Policía Militar No. 4 de Medellín, al Batallón Juan del Corral en Rionegro (Antioquia) y posteriormente al Batallón de Contraguerrilla No. 27, con sede en Aguachica (Cesar). Terminó su carrera militar el 4 de agosto de 2002 siendo parte del Batallón de Contraguerrilla No. 2 denominado “Los Guajiros” en Valledupar (Cesar).
Antes de su salida del Ejército por sus vínculos con los paramilitares fue condecorado con la medalla “José María Córdoba”, que tiene como objetivo enaltecer a los miembros del Ejército que se hayan destacado por sus actos de valor, conducta intachable, virtudes militares, servicios eminentes y compañerismo.
En marzo de 2003, el capitán Fierro se convirtió en alias “Don Antonio” tras vincularse de lleno a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente al Bloque Norte de “Jorge 40”. Allí, durante los dos primeros meses se desempeñó como inspector de armas del Frente Mártires que centraba su operación en Cesar. Sin embargo, su rol dentro de los paramilitares cambió en los primeros días de junio de 2003 cuando fue ascendido a comandante del Frente José Pablo Díaz hasta su desmovilización en marzo de 2006.
La primera misión que tuvo “Don Antonio”, uno de los hombres más cercanos a “Jorge 40”, fue idear y crear diez comisiones denominadas: Metropolitana, Centro, Oriental Norte, Dique y Cordialidad, Magdalena, Vía al Mar, Financiera, de la Gasolina, Política y de Inteligencia. Cada una obedecía a un comandante, que a su vez estaba a las órdenes de “Don Antonio”, es decir, Edgar Ignacio Fierro Flores. Dichas comisiones fueron creadas para cubrir mayor cantidad de áreas rurales en los departamentos de Atlántico y Magdalena con hombres armados y de este modo dividir el área de influencia del frente.
De acuerdo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del pasado 29 de marzo, alias “Don Antonio” fue condenado a 40 años de prisión, junto con 15 subalternos del Frente José Pablo Díaz. Según el documento, esa estructura paramilitar en un principio fue financiada por los jefes del Bloque Norte: Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso. Tiempo después, el frente consolidó su financiamiento a través de una política ilegal basada en el cobro de porcentajes de participación sobre contratos públicos, aportes de ganaderos y agricultores, con base en el número de cabezas de ganado o extensión de la tierra, y el control del impuesto a las operaciones del narcotráfico que se daban en la región de influencia del frente.
“Don Antonio” fue capturado el 11 de marzo de 2006, en el condominio Villas Canarias, ubicado en Santa Marta (Magdalena), tres días después de su desmovilización. Durante el proceso de captura las autoridades le incautaron varios computadores donde aparecieron todas las evidencias de las trampas que realizó el frente paramilitar para robarse parte del dinero de las contrataciones estatales en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar, en instituciones como alcaldías, gobernaciones, hospitales y empresas prestadoras de salud (IPS, EPS, ESE); de igual forma lo hicieron con los mataderos y empresas de servicios públicos a las cuales les exigieron porcentajes sobre el valor de los contratos. En la sentencia de la Corte Suprema quedó claro, por ejemplo, que dicho frente paramilitar infiltró de manera absoluta las finanzas del Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico).
A pesar de la condena en última instancia, alias “Don Antonio” aún está en libertad. Revista RAYA consultó el sistema del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y así quedó verificado el hecho. Mientras tanto, sigue haciendo de las suyas, como los viejos negocios de corrupción que agudizó en las AUC, pero a nivel presidencial. Así quedó constatado esta semana luego de que las autoridades italianas emitieran una orden de allanamiento contra la residencia del exprimer ministro Massimo D’Alema y sus socios, orden dentro de la cual se menciona a la exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, como destinataria de 40 de los 80 millones de euros de comisión; y al capitán del Ejército, paramilitar y, finalmente, intermediario del gobierno de Iván Duque para intentar comprar una flota naval y aérea que no fue concretado, pero que, según lo dijo el ministro de Defensa Diego Molano en su momento, sí se buscó comprar durante ese gobierno.
Las confesiones de alias “Don Antonio”, que quedaron consignadas en la sentencia de la Corte, evidencian el grado de corrupción que lideraba al interior de los paramilitares. Recibía una remuneración de dos millones de pesos ($2.000.000) mensuales, más el cinco por ciento (5%) de las colaboraciones para el Frente “José Pablo Díaz” por ser su comandante militar, las cuales eran recaudadas por Wilmer Alberto Samper, alias “Pupi”. “Don Antonio” por eso aceptó 170 cargos por los delitos de homicidio, “falsos positivos”, tortura y secuestro. A raíz de esto, pidió perdón a las víctimas, pero fue rechazado por éstas al considerarlo poco sincero frente al nivel de sangre que derramó en el norte de Colombia. El mismo que tiene otra investigación dormida en la Fiscalía por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda Vargas, últimado en Barranquilla el 22 de agosto de 2003.
Por ahora, ni los medios ni la justicia han advertido sobre el nombre de Edgar Ignacio Fierro Flores, el cerebro de una operación irregular que buscaba hacer millonarias a unas familias, utilizando la pandemia por Covid 19 como un factor de distracción para comprar el material de guerra que pondría a Colombia con nuevas armas frente a un posible conflicto internacional.
