«Detrás de este tema no se encuentra tanto una cuestión de relativismo sino más bien una de historia política diferente, aceptando que es la política la que define qué se acepta y se tolera en el arte.»
Cuautémoc Medina, 2004
Este post partirá de dos taras de la democracia actual: el reflujo de la censura impulsada por la extrema derecha en un país derechista a muerte y el empobrecimiento institucional del debate sobre la administración de recursos del Estado a causa de su concentración en —o gusto por, quién sabe— la retórica perezosa de las redes sociales. Para ello se basará en la agresión sucedida el 19 de diciembre de 2021 contra uno de los murales del proyecto Utopías de andén, realizado por Saint Cat Crew en el marco de la convocatoria Museo abierto: pintura en espacio público.
Para comenzar, una traducción: en el contexto de este artículo y la campaña de cancelación que acompañó el borramiento de este mural en medio del panorama electoral que enfrenta el país, se utilizará la palabra weaponization en su acepción de «militarizar», para describir la comprensión de todo tipo de apoyo —público y privado— hacia la producción artística a partir de la exigencia de sumisión absoluta por parte del patrocinado. Una forma de extorsión donde partidos políticos (a favor o en contra del régimen) y medios periodísticos (a favor de(influir en e)l régimen), consideran un deber existencial definir el contenido de proyectos culturales que soliciten dinero para su realización. La implementación idiota del mantra idiota: «si recibe padrinazgo, no critique».(1)
Hecha esta aclaración, hay que recordar que el jurado de premiación que otorgó uno de los estímulos de la convocatoria Museo abierto a Saint Cat Crew el 18 de julio de 2021, subrayó que éste era un proyecto no sólo dirigido a la producción de murales convencionales en el espacio público de la capital colombiana. También establecía un análisis de las problemáticas sociales que predominan en el contexto seleccionado para
«generar diálogos entre la comunidad y los habitantes de calle [lo que] genera nuevas relaciones que beneficiarán no solamente el aspecto visual del puente sino las relaciones que puedan llegar a tener estas dos partes que integran la población circulante…»
Así mismo, el colectivo señaló en un comunicado publicado el 20 de diciembre de 2021 como parte de su respuesta al ataque contra su obra, que su trabajo apuntaba entre otras cosas, a las prácticas de asesinato selectivo que sufren los habitantes de calle —y quienes hacen graffiti— en espacios como aquel donde realizaron su trabajo. De hecho, aclaraban que a partir de la observación participante determinaron tres ejes conceptuales: la relación «entre violencia intrafamiliar, guerra y habitancia [sic] en calle, desde una perspectiva antimilitarista»; la relación interespecies (humanos-perros) e intercultural de quienes tienen la calle como su hogar; y el consumo de sustancias psicoactivas para paliar el daño producido por vivir a la intemperie.
Ahora bien, no debe perderse de vista que Colombia es un país alfabetizado a punta de televisión privada tipo C, cuya audiencia cree que se informa mientras se adoctrina en el aplauso de la violencia espontánea hacia el contradictor y que se autodefine a partir de su codependencia de un partido político interesado en la polarización. Por todo ello sería poco menos que una muestra de realismo mágico que la argumentación que sustentaba el proyecto de Saint Cat Crew fuera conocida por aquel copycat de la despreciada-por-sus-iguales María Fernanda (Para)Cabal, quien decidió emular a la ideóloga para visitar en la noche una zona de la ciudad donde jamás acudiría a solas con su chaqueta North Fake, repleto de pavor infinito y dispuesto a ejercer una sofisticadísima técnica pictórica sobre un premio de arte urbano.
Esta cuestión no pasaría de ser una (otra) penosa anécdota de la penosa educación política de la mayoría de votantes colombianos, si no estuviera relacionada con el vínculo establecido desde la ralea de bots políticos de la extrema derecha respecto a los resultados del informe que publicaran las Naciones Unidas sobre la agresión sistemática de unas fuerzas (para)policiales atentas a disparar por la espalda a manifestantes desarmados durante las más recientes movilizaciones en el país. Como reacción al documento se decidió ahogar en pintura blanca los efectos políticos del dictamen. Por esa vía, un amplio —de hecho, el mismo— espectro de políticos y periodistas gobiernistas contratados por medios pertenecientes a conglomerados monopólicos decidió militarizar la política cultural de la ciudad de Bogotá. Su argumento dependía de alegar que lo que revelaba ese grafiti —la imagen de un oficial de la policía de Colombia condecorado encima de un montón de cráneos humanos— no era tanto resultado de una investigación visual, como reclamo por la evidencia del abuso de la fuerza institucionalizado en los organismos de seguridad del Estado. Una idea que, si bien no estaba descaminada, desde la orilla del pantano pro-paramilitar sólo podría ser vista como acción directa en contra del grupo armado. Hasta ahí, normal.
Sin embargo, lo que llama la atención aquí no es tanto la estupidez del cálculo político de las derechas sino la forma en que su acción fue respondida desde la Secretaría de Cultura de Bogotá. Frente a la censura y la campaña de desprestigio no apareció un comunicado oficial que ofreciera un respaldo claro y directo hacia los autores de la obra mientras llamaba a la inteligencia emocional por parte de sus enemigos políticos. De hecho, medio-se-dijo-algo en twitter:
Un hermoso poema del respeto por la opinión diferente, pero cuya parquedad se antoja inútil si de ofrecer protección real a la libertad de opinión de los productores visuales se trata. Su formato de haikú-expandido da cuenta de un gesto de timidez institucional rayano en la pusilanimidad. Todo ello, repito, en medio de un panorama político caldeadísimo. Lo cual no es un tema menor.
Si bien se ha terminado imponiendo la idea de que la democracia es más un servicio de marketing donde a nadie se le ofrece lo que no cree que quiere, para desgracia de sus promotores la complejidad de la vida administrativa exige un poquitito más. Por ejemplo, que sus posicionamientos operen en el mundo real de la acción institucional real, se ajusten visiblemente a los lineamientos de la entidad que representan y, mejor aún, lo hagan con una vocación de establecer perspectivas desde las que se pueda comprender un accionar político, ideológico y burocrático. En breve, que se sepa qué hacen, por qué lo hacen y para que lo hacen.
Porque en un entorno donde el ejercicio político es pura emotividad cualquier tipo de media tinta (jurídica y/o mediática) abre peligrosos campos grises donde no se entiende qué quiso decir quien habló (de hecho, es tan caricaturesca la situación con el caso del mural de Sain Cat Crew que ni siquiera queda claro quién firmó lo que se publicó en el perfil corporativo de IDARTES y retuiteó la Directora de IDARTES). Más preocupante aún: la acción de censura desatada contra el colectivo deja en el aire la idea de que desde IDARTES, sí, se piensa que «no se borra al que piensa distinto ni se censura el arte» pero jamás se mencionan ni al censurado ni a la obra artística destruida. Una desafortunada decisión de eliminación de titularidad.
Aunque hace décadas el posmodernismo promulgó la «muerte del autor», hay momentos en que la respuesta de una entidad cultural debe ser clara al indicar de quiénes habla y a qué se refiere cuando habla de defensa de la libre expresión. Sobre todo porque —como se explica en la nota a pie de este escrito—, la militarización de las becas no sólo corresponde a quienes adoran la producción artística acrítica. Ésta también se instila al permitir las ambivalencias de comunicados como el ya mencionado. Sobre todo porque ante un panorama de acciones frontales contra la libertad de expresión las micro respuestas-institucionales-a-medias, que quieren ser llamados-a-la-calma-a-medias, opiniones-a-medias y poemas-a-medias, la defensa de ese delicado bien resulta bastante inútil. O, lo que es peor, plantea un desgraciado precedente para quienes sigan por el camino de la expresión física del odio pro la opinión ajena: no importa que lo hagan, nadie dirá nada.
*A la fecha de publicación de este escrito IDARTES comunicó que «la notificación y respuesta [sobre este asunto] serán enviadas […] en los términos de la ley 1755 de 2015»
Notas
1.- Para el país, esta cuestión se vio reforzada luego de implementarse la ley 1834 de 2017, lo que permitió que su más exiguo representante, un ca(c)lamitoso y oscuro personaje conocido como Felipe Buitrago, montara el peor desastre de gestión gubernamental hacia las artes en el país desde la crisis de FOCINE (experimento à la colombiana, es decir, improvisado incluso en su improvisación, que operó entre 1978 y 1993 y sólo sirvió para endeudar realizadores, maltratar directores, malbaratar películas y terminar sin pena ni gloria), debilitando toda posibilidad de acceso a la financiación de parte de la labor artística con recursos públicos: quien aspirara a obtener ayuda económica desde el gobierno central debía someter su creatividad al estado de ánimo de funcionarios especializados en el pordebajeo de colegas y lo que es peor, instituirse empresarialmente en un país que sólo entiende la «libre empresa» cuando esta depende de contratos con el Estado. (Otra de las formas que ha adquirido esta militarización de las becas para las artes en Colombia tiene que ver con la violación de la autonomía administrativa entre entidades culturales públicas. Que en el caso de las artes visuales del país, ha partido desde el Ministerio de Cultura hacia IDARTES. Pero sobre esto se hablará en otro momento.)
