En esta segunda parte del dossier dedicado a la aprobación de la ley naranja, Gaceta de Reemplaz0 presenta los resultados de una reciente conversación con Clara López Obregón.
Para comenzar, la exministra de trabajo y actual candidata presidencial destaca que se deben añadir dos factores a las interpretaciones que se han popularizado respecto a esta ley: las políticas de flexibilización laboral y los efectos de la economía basada en aplicaciones móviles. Siguiendo ese camino es posible entender que la ley naranja es una respuesta tardía a ambos fenómenos. Porque, como afirma López, «con o sin ella la situación igual habría cambiado y su ajuste a esas transformaciones es reducido». En realidad, esos fenómenos hace tiempo vienen exigiendo una nueva legislación y en la ley, o no se les menciona o se relacionan con acciones concentradas en la financiación y reciben un control gubernamental secundario (de hecho, en el ente que regulará esta iniciativa sólo participarán viceministros, vicepresidentes o vicedirectores de cada dependencia vinculada). Pareciera que se apunta más hacia la generación de un clima favorable a la promoción, ambientación y legitimación de esas plataformas que a resolver los conflictos derivados de su utilización.
Sobre la política laboral, López hace un recuento de lo sucedido una vez Colombia involucionó hacia la flexibilización laboral. Tras la aprobación por vía gubernativa de esa metodología de precarización e informalidad, ambas cuestiones pasaron a convertirse en fenómenos estructurales. Es decir, comenzaron a afectar a una creciente población, reduciendo varias conquistas consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo (que vale la pena enumerar (para ver lo que se echó por la borda): reducción en el acceso a la seguridad social, desaparición práctica de las prestaciones sociales, anulación de beneficios como vacaciones pagas y abstracción de la jornada laboral de 8 horas.)
Como se ha destacado, la ley naranja no contempla estos aspectos. Se limita a apuntar definiciones vagas de productividad (“… desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual.”) y financiación/financiarización (mediante la creación de líneas de crédito a través de Findeter, la promoción del sello “Creado en Colombia”) y los –ése es su nombre, en serio– M.I.C.O.S. (Mercados Integrados de Contenidos Originales).
López recuerda que entre 2005 y 2006 se estaba negociando el TLC con Estados Unidos. Y en medio de las conversaciones, se discutía (bastante) la política laboral del país, pues muchas de las conversaciones giraban alrededor de las Cooperativas de Trabajo Asociado (esas agencias donde a cambio de una cuota que extraen de tu sueldo, te ponen en puestos basura). De manera general, el asunto radicaba en comprender por qué se subcontrataba temporalmente a tantas personas que se dedicaban a cumplir con las labores misionales de una empresa, si eso estaba prohibido.
Por supuesto, recuerda, las empresas hicieron todo lo posible por evitar la prolongación del debate, pues su interés era el de sustraer las condiciones específicas de realización del trabajo de cualquier posibilidad de negociación colectiva. De hecho, sostiene que en abril de 2016 se firmó el decreto 583, que ilegalizaba la subcontratación y restringía la contratación temporal. Ante esto, los representantes empresariales desataron un lobby agresivo para debilitar la norma.
La ley naranja omite regular la relación de contratación dependiente, semi-independiente o semiautónoma. Lo cual resulta altamente peligroso cuando se le contrasta con la enorme variedad de formas de contratación y de procesos de producción de valor propios del contexto artístico. Los que pueden ir de un contrato de técnicos para que laboren en una producción audiovisual con jornadas de más de 24 horas durante pocas semanas y luego queden desempleados por meses; la realización de una obra de arte por parte de un artista visual con dinero proveniente de patrocinio estatal para ponerla en el mercado de arte sin ningún tipo de formalización; la financiación por parte de un socio capitalista de un espacio dedicado al arte y cuyos trabajadores carecen de contratación durante extensos períodos de tiempo; la anomalía de que cuando un artista gane una beca del Estado deba pagar ETS y pensión para recibir el emolumento, etc.
Estos problemas deben ser revisados para evitar la fijación (populista, pero mentirosa) en la generación de valor de este renglón de la economía, desatendiendo al retorno de beneficios para quienes laboran allí; para que el trabajo que se genere a partir de su implementación sea, tal como se aprobó, “de calidad, motor de desarrollo y que fomenta [sic] el tejido social y humano, así como la identidad y equidad [sic]”; para que el documento quede sin tantos [sic]s.
*Agradecimiento a Diana Contreras
